Aumentan las prepagas a comienzos del año próximo
Con el argumento del alza de los costos de las prestaciones y laborales, las empresas de medicina prepaga analizan la posibilidad de aumentar las cuotas de sus afiliados en alrededor de un 10% durante el primer trimestre del año próximo. Así lo indicaron altas fuentes de las principales entidades que agrupan a las compañías del sector.
El encarecimiento de los planes médicos afectaría directamente a 1.500.000 beneficiarios, que son quienes están afiliados en forma particular. El sistema tiene, en rigor, unos 2,9 millones de usuarios, pero gran parte de ellos están asociados a través de planes corporativos, cuyos precios se negocian con las empresas que dan ese beneficio a sus empleados.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de Patricia Vaca Narvaja, recordó que, si bien el Gobierno no tiene facultad para autorizar o no aumentos de cuotas, las prepagas deberán cumplir con los requisitos que ordena la resolución 9 dictada en enero de este año. De esa norma se desprende que la comunicación a los asociados sobre cualquier cambio contractual, como una suba de precios, deberá emitirse con 60 días de anticipación, y que deberá fundamentarse la decisión de encarecer el servicio.
De hecho, fuentes del Gobierno dijeron ayer a LA NACION que, una vez que las empresas comiencen a anunciar los aumentos, habrá un seguimiento estricto de las notificaciones enviadas a los afiliados. Y, en caso de considerarse que no se expresan razones suficientes para justificar las alzas, habrá medidas cautelares de carácter administrativo que cancelarán la instrumentación de los incrementos.
El ajuste acumulado
Con el nuevo ajuste, las cuotas habrán aumentado algo más del 50%, en promedio, desde diciembre de 2001. Según datos de la Subsecretaría, a diciembre de 2002 las subas habían llegado a más del 15%. Sobre ese nuevo precio, en marzo de 2003 hubo un aumento del 10% y a principios de este año, otro del 9 por ciento.
Según los directivos de las prepagas, son varios los motivos que tienen para modificar sus precios. Al instrumentar el último ajuste, este año las entidades empresariales firmaron un acuerdo con la Subsecretaría, por el cual se comprometieron a no tocar más las cuotas durante 2004 "mientras la economía del sector se mantenga estable", y a reducir en un 10% los aumentos que en aquel momento ya habían anunciado y que se hicieron efectivos en las cuotas de marzo o abril.
Ese acuerdo surgió luego de que las autoridades comenzaran a suspender la aplicación de algunos aumentos que se anunciaban. Por eso, previendo los próximos movimientos de precios, anteayer los directivos de Cimara, Ademp y Acami, las tres cámaras que reúnen a las compañías, se reunieron con Vaca Narvaja para plantearle la situación del sector. Entre los principales motivos que exponen las prepagas para encarecer los planes se encuentran las mejoras salariales que debieron dar en virtud de decretos del Poder Ejecutivo, los efectos de una medida que ordenó aumentar del 40 al 70% la cobertura de los medicamentos para enfermedades crónicas, la inflación propia del sistema de salud por el uso de nuevas prácticas con alta tecnología y el alza del costo de vida en general.
Además, el sector recibe reclamos de aumentos por parte de los prestadores, tanto los sanatorios -pues no todos tienen entidades prestadoras propias- como los médicos y laboratorios particulares, con los que mantiene retrasos en lo que hace al ajuste de los pagos en relación con 2001. De hecho, el mayor impacto del desajuste que significó en el sector la salida de la convertibilidad se concentró en los prestadores, ya que gran parte de los insumos médicos son importados.
Otros temas que preocupan al sector son las órdenes judiciales de prestar asistencia en casos que no están previstos por la ley, además de la litigiosidad por mala praxis que, según argumentan, no tiene razón de ser en muchos casos. Además, reclaman la posibilidad de poder ofrecer planes de cobertura parcial que permitan ofrecer un mayor abanico de alternativas a los afiliados.
El acuerdo que en febrero firmaron las prepagas y el Gobierno incluía otras cláusulas, como la conformación de una comisión que en 180 días debía elaborar un marco legal integral del sector. Eso no se cumplió y el proyecto de regulación de la actividad sigue sin ser tratado en el Congreso desde hace varios años.
El encarecimiento de los planes médicos afectaría directamente a 1.500.000 beneficiarios, que son quienes están afiliados en forma particular. El sistema tiene, en rigor, unos 2,9 millones de usuarios, pero gran parte de ellos están asociados a través de planes corporativos, cuyos precios se negocian con las empresas que dan ese beneficio a sus empleados.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de Patricia Vaca Narvaja, recordó que, si bien el Gobierno no tiene facultad para autorizar o no aumentos de cuotas, las prepagas deberán cumplir con los requisitos que ordena la resolución 9 dictada en enero de este año. De esa norma se desprende que la comunicación a los asociados sobre cualquier cambio contractual, como una suba de precios, deberá emitirse con 60 días de anticipación, y que deberá fundamentarse la decisión de encarecer el servicio.
De hecho, fuentes del Gobierno dijeron ayer a LA NACION que, una vez que las empresas comiencen a anunciar los aumentos, habrá un seguimiento estricto de las notificaciones enviadas a los afiliados. Y, en caso de considerarse que no se expresan razones suficientes para justificar las alzas, habrá medidas cautelares de carácter administrativo que cancelarán la instrumentación de los incrementos.
El ajuste acumulado
Con el nuevo ajuste, las cuotas habrán aumentado algo más del 50%, en promedio, desde diciembre de 2001. Según datos de la Subsecretaría, a diciembre de 2002 las subas habían llegado a más del 15%. Sobre ese nuevo precio, en marzo de 2003 hubo un aumento del 10% y a principios de este año, otro del 9 por ciento.
Según los directivos de las prepagas, son varios los motivos que tienen para modificar sus precios. Al instrumentar el último ajuste, este año las entidades empresariales firmaron un acuerdo con la Subsecretaría, por el cual se comprometieron a no tocar más las cuotas durante 2004 "mientras la economía del sector se mantenga estable", y a reducir en un 10% los aumentos que en aquel momento ya habían anunciado y que se hicieron efectivos en las cuotas de marzo o abril.
Ese acuerdo surgió luego de que las autoridades comenzaran a suspender la aplicación de algunos aumentos que se anunciaban. Por eso, previendo los próximos movimientos de precios, anteayer los directivos de Cimara, Ademp y Acami, las tres cámaras que reúnen a las compañías, se reunieron con Vaca Narvaja para plantearle la situación del sector. Entre los principales motivos que exponen las prepagas para encarecer los planes se encuentran las mejoras salariales que debieron dar en virtud de decretos del Poder Ejecutivo, los efectos de una medida que ordenó aumentar del 40 al 70% la cobertura de los medicamentos para enfermedades crónicas, la inflación propia del sistema de salud por el uso de nuevas prácticas con alta tecnología y el alza del costo de vida en general.
Además, el sector recibe reclamos de aumentos por parte de los prestadores, tanto los sanatorios -pues no todos tienen entidades prestadoras propias- como los médicos y laboratorios particulares, con los que mantiene retrasos en lo que hace al ajuste de los pagos en relación con 2001. De hecho, el mayor impacto del desajuste que significó en el sector la salida de la convertibilidad se concentró en los prestadores, ya que gran parte de los insumos médicos son importados.
Otros temas que preocupan al sector son las órdenes judiciales de prestar asistencia en casos que no están previstos por la ley, además de la litigiosidad por mala praxis que, según argumentan, no tiene razón de ser en muchos casos. Además, reclaman la posibilidad de poder ofrecer planes de cobertura parcial que permitan ofrecer un mayor abanico de alternativas a los afiliados.
El acuerdo que en febrero firmaron las prepagas y el Gobierno incluía otras cláusulas, como la conformación de una comisión que en 180 días debía elaborar un marco legal integral del sector. Eso no se cumplió y el proyecto de regulación de la actividad sigue sin ser tratado en el Congreso desde hace varios años.
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